El hijo de Silvia García, de 14 años, quedó discapacitado y en silla de ruedas después que el médico de un centro de salud comunitario de Nuevo México no le diagnosticara apendicitis a pesar de que se quejaba de un fuerte dolor de estómago.
El apéndice del adolescente se rompió antes de que pudiera llegar a un hospital, y las complicaciones provocaron un shock séptico.
Akimbee Burns se hizo una prueba de Papanicolaou en un centro de salud comunitario de Georgia que mostró células anormales. Pero no le informaron los resultados. Unos ocho meses después, le diagnosticaron un cáncer de cuello uterino que se había extendido a los ganglios linfáticos. Murió en dos años. Tenía 38.
El bebé de Rhonda Jones quedó con daños cerebrales después de que un equipo médico del área de Chicago, que incluía doctores del centro de salud comunitario, no realizara una cesárea de emergencia con la suficiente rapidez, pese a que Jones tenía un alto riesgo de complicaciones en el parto.
Estos tres incidentes —declarados en documentos judiciales como parte de las demandas por negligencia que se resolvieron sin admisión de mala conducta— se encuentran entre los 485 pagos realizados en todo el país que involucran a los centros de salud comunitarios desde 2018 hasta 2021. Los acuerdos y las sentencias sumaron un total de 410 millones de dólares pagados a los pacientes o a sus familias, según los datos federales revelados a KHN a través de una solicitud de documentos públicos.
Pero ninguno de esos centros de salud, y ninguno de los médicos, pagó nada. Los contribuyentes estadounidenses pagaron la cuenta.
Los 1,375 centros de salud financiados con dinero federal, que atienden a 30 millones de estadounidenses de bajos ingresos, son en su mayoría organizaciones privadas. Sin embargo, reciben $6,000 millones anuales en subvenciones federales y, según la ley federal, sus responsabilidades legales están cubiertas por el gobierno, al igual que las del Departamento de Asuntos de Veteranos y el Servicio de Salud Indígena.
Esto significa que los centros y sus empleados pueden recibir inmunidad frente a las demandas por negligencia médica, y que el gobierno federal paga cualquier acuerdo o sentencia judicial.
El público suele desconocer las demandas de mala praxis contra estos centros. Los centros de salud y sus empleados no son nombrados como demandados en los juicios, y el gobierno no anuncia cuándo paga para resolver los casos o las sentencias judiciales.
“La gente debería saber si estos médicos o centros están perjudicando a sus pacientes”, dijo Deirdre Gilbert, directora nacional de la National Medical Malpractice Advocacy Association, un grupo de defensa del consumidor sin fines de lucro.
Además, los abogados que han representado a los demandantes en los juicios contra los centros de salud dicen que las normas federales ponen en aprietos a los pacientes con un plazo de prescripción corto —dos años— y no permiten los daños punitivos.
“Las cartas están a favor del gobierno”, indicó Regan Safier, abogada de Philadelphia que ganó una sentencia judicial de $41,6 millones en 2018 en un caso de lesión en el parto que involucró a un médico de un centro de salud comunitario.
Tragedias ocultas a la vista
Entre 2018 y 2021, el promedio de los pagos por acuerdos o sentencias por mala praxis que involucran a los centros de salud fue de $225.000, según los datos de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, que supervisa los centros de salud comunitarios. En 68 de los 485 pagos, el total fue de al menos un millón de dólares.
Muchas de las demandas contra los centros de salud se referían a diagnósticos erróneos o errores dentales. La mayoría de las indemnizaciones más cuantiosas fueron por lesiones en el parto o por casos relacionados con niños.
Silvia García presentó uno de esos casos. En diciembre de 2015, llevó a su hijo de 14 años a First Choice Community Healthcare en Albuquerque, Nuevo México, para que lo trataran por un fuerte dolor de estómago y fiebre, según la demanda que presentó contra el gobierno.
El médico palpó el abdomen del niño pero no ordenó ninguna prueba diagnóstica, alegó la familia. Sin embargo, aconsejó a García que llevara al niño al hospital si el dolor empeoraba.
Dos días después, lo llevó a la sala de urgencias de un hospital. Allí, los médicos descubrieron que su apéndice se había roto. Había desarrollado un shock séptico que le provocó daños cerebrales y lesiones agudas en los riñones.
El adolescente estuvo hospitalizado durante ocho meses.
García resolvió el caso por $6,8 millones, la mayor parte de los cuales se destinaron a un fondo especial para futuros gastos médicos.
First Choice y García no quisieron hacer comentarios. El gobierno dijo que el acuerdo no era una admisión de culpa.
Los centros de salud comunitarios presionaron —y ganaron— la protección gubernamental contra la mala praxis en la década de 1990. Alegaron que sus ingresos eran limitados y que el seguro de negligencia desviaría un dinero que podría destinarse a la atención de los pacientes.
Los centros se diferencian de otras clínicas de salud porque reciben una subvención federal cada año. También reciben mayores reembolsos de Medicaid y Medicare que los médicos privados. A cambio, no pueden rechazar a nadie, y los honorarios que cobran a los pacientes con bajos ingresos se basan en una escala variable. Casi la mitad de los pacientes de los centros están cubiertos por Medicaid, y el 20% no tiene seguro.
Las demandas por mala praxis son un riesgo para todos los proveedores de atención sanitaria y son solo un barómetro de la calidad de la atención. Los acuerdos y las sentencias judiciales contra los centros sanitarios no miden el rendimiento general de las clínicas.
Incluso los abogados que han demandado en nombre de los pacientes de los centros reconocen la importancia de los mismos. Amato DeLuca, abogado de la parte demandante de Rhode Island, dijo que los centros comunitarios de salud desempeñan un papel vital en el sector sanitario y que ha encontrado “un montón de gente realmente maravillosa y extraordinariamente capaz que hace un trabajo realmente bueno” en los centros.
Sin embargo, todos deben ser responsables de los errores, dijo DeLuca.
El caso de Akimbee Burns es un ejemplo de diagnóstico fallido, según la demanda que presentó contra el gobierno de Estados Unidos. Burns, que ganaba $11 la hora en una empresa de servicios públicos, se hizo una prueba de Papanicolaou en 2016 en el South Central Primary Care Center, un centro de salud comunitario en Ocilla, Georgia.
Los resultados mostraron células anormales, pero no le informaron, según la denuncia. En los meses siguientes, preguntó varias veces por la prueba, pero siguieron sin informarle sobre los resultados, alegó.
Unos ocho meses después, el personal de otro centro sanitario le diagnosticó un cáncer de cuello uterino avanzado. Presentó una demanda alegando que el centro de salud comunitario había sido negligente. Recibió radiación y quimioterapia. Pero murió en abril de 2019. Dejó dos hijos, uno de ellos menor de edad.
Tras su muerte, el gobierno y sus herederos llegaron a un acuerdo por $2,1 millones.
El Centro de Atención Primaria South Central no respondió a las solicitudes para hacer declaraciones, y el gobierno negó haber actuado mal.
Un camino difícil para los pacientes
Un paciente que alega una mala praxis médica por parte de un centro sanitario debe presentar primero un reclamo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos para su revisión. El gobierno puede hacer una oferta de acuerdo o rechazar el reclamo.
Si el reclamo se rechaza, deniega o queda sin resolver, o si expira el período de revisión de seis meses, el paciente puede demandar ante un tribunal federal en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA).
Para obtener esa protección federal, los centros sanitarios deben contar con programas de mejora de la calidad y de gestión de riesgos, y deben demostrar a los reguladores que han revisado las credenciales profesionales, los reclamos por mala praxis y el estatus de la licencia de sus médicos y otros profesionales clínicos.
Ben Money, vicepresidente senior de la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios, dijo que el proceso mejora la atención y dirige los escasos dólares de operación hacia las necesidades de los pacientes, en lugar de la costosa cobertura de mala praxis.
“Existen rigurosas salvaguardas para garantizar que los beneficiarios de los centros de salud cumplan con las normas y que los pacientes reciban la mejor atención”, dijo. “La FTCA hace que los centros de salud estén más atentos a la calidad y no menos”.
A septiembre, alrededor del 86% de los centros de salud comunitarios estaban cubiertos por la FTCA para la cobertura de negligencia médica, indicó Christy Choi, vocera de la Administración de Recursos y Servicios de Salud.
Dijo que el gobierno ha implementado “sólidos esfuerzos de mejora de la calidad y la seguridad del paciente” como parte del programa.
El sistema hace que el cobro de daños y perjuicios sea más difícil para los pacientes que si acudieran a los tribunales estatales para las demandas por negligencia, dijeron abogados que participan en los casos contra los centros de salud.
Además de la prohibición de los daños punitivos, estos casos los deciden los jueces federales en lugar de los jurados. La ausencia de un jurado es importante porque los jueces son menos propensos a dejarse llevar por las emociones y eso puede significar menores cantidades de dinero en las indemnizaciones, agregaron.
Los demandantes también están en desventaja porque el gobierno federal tiene recursos ilimitados para defender los casos, a diferencia de los pacientes y sus abogados, dijo Christopher Russomanno, abogado de Miami.
“Preparar estos casos para juicios nos cuestan cientos de miles de dólares”, señaló Jack Beam, el abogado de Illinois que representó a Rhonda Jones. “Nuestro récord fue de $900,000 en costos del caso”.
Todos estos factores hacen que encontrar un abogado sea un obstáculo para los pacientes.
Deborah Dodge, abogada de Missouri, dijo que algunos abogados son reacios a aceptar los casos porque el gobierno limita sus honorarios al 25% del importe del acuerdo. En cambio, los abogados de los demandantes suelen quedarse con un 40% en los casos de negligencia que prosperan en los tribunales estatales.
Rhonda Jones fue una de las que recibió un acuerdo. Su bebé fue trasladado a un hospital infantil poco después de nacer por cesárea de emergencia en el West Suburban Medical Center en el área de Chicago en diciembre de 2016, según su demanda. La bebé, Alayna, fue tratada por daño cerebral por falta de oxígeno, y ahora tiene parálisis cerebral.
Jones mostraba signos de un parto de alto riesgo cuando llegó al hospital con casi 39 semanas de embarazo: tenía 40 años, era su undécimo hijo y tenía preeclampsia grave y posiblemente diabetes gestacional.
En su demanda alegó que no se la había vigilado adecuadamente en el hospital y que no se había operado a tiempo para evitar que Alayna sufriera daños.
Jones aceptó un acuerdo de $21 millones, 15 de los cuales fueron pagados por el gobierno federal porque algunos de los médicos implicados eran empleados del PCC Community Wellness Center. El centro de salud y el hospital no quisieron hacer comentarios. En los tribunales, el gobierno y el hospital negaron haber actuado mal.
El dinero —la mayor parte del cual está en un fideicomiso supervisado por el tribunal— sirve para atender a Alayna, que necesitará cuidados durante toda su vida.
“Antes de lo que le pasó a Alayna, me encantaban”, dijo Jones sobre el centro de salud al que había acudido en varios de sus embarazos anteriores. “Me sirvieron mucho porque abrían hasta altas horas de la noche cuando yo trabajaba”.
“Todavía le diría a alguien que fuera al PCC porque tal vez les tocarán los médicos adecuados cuando vayan a tener a su bebé”, remarcó Jones.
Alander Rocha y la reportera de KHN Colleen DeGuzman contribuyeron con este artículo.
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